Por unanimidad, el Senado convirtió en ley este jueves el proyecto que aumenta las jubilaciones y pensiones generales en un 7,2% y eleva el bono de $70 mil a $110 mil, una decisión que supone un fuerte revés para el Gobierno de Javier Milei, quien anticipó que vetará la norma.

La iniciativa fue aprobada en general (y en forma manual por la caída del sistema electrónico de votación) con 52 votos favorables de los representantes de las distintas fuerzas de oposición, en tanto que los legisladores de La Libertad Avanza se retiraron de la sesión antes de la votación y hubo 4 abstenciones.

Ahora los senadores debaten en particular algunos artículos de la iniciativa previo a iniciar la discusión del proyecto que extiende la moratoria por dos años.

El presidente Javier Milei ya había adelantado que vetará los proyectos y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, afirmó que judicializarán la validez de la sesión.

En medio de las críticas del Ejecutivo que la acusa de haber "convalidado" la sesión por presidirla una vez que consiguió quórum, la vicepresidenta Victoria Villarruel no estuvo en el estrado al momento de la votación. La iba a reemplazar el presidente provisional, el también libertario Bartolomé Abdala pero lo impugnaron porque se iba a abstener. "No puede presidir alguien que es como si estuviera ausente. No puede presidir un fantasma", sostuvo la oposición.

Qué dicen los proyectos que ya son ley

Son dos iniciativas. La primera implica un aumento general para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% -excepto para los regímenes especiales. Ese porcentaje busca recomponer la pérdida que sufrieron los jubilados en enero del año pasado cuando la inflación fue del 20 % y el ajuste que otorgó el Ejecutivo fue del 12,5 %.

Además incorpora un incremento del bono, actualmente congelado en $ 70 mil a $ 110 mil, y quedaría estipulada actualización por inflación.

El segundo proyecto extiende por dos años la moratoria jubilatoria que el Gobierno dejó caer en marzo y por la que la mayoría de los adultos mayores acceden a una jubilación.

La discusión reglamentaria previa

Antes, se aprobó por 42 votos a favor y 17 negativos la moción para declarar válidos los dictámenes de los proyectos previsionales y la emergencia en discapacidad.

El lunes el secretario parlamentario, Agustín Giustinian, había firmado una resolución para señalar que esos despachos eran ilegales. "No existió una convocatoria formal a reunión de comisión, requisito indispensable, según el Reglamento del Senado, para validar el tratamiento y dictamen de proyectos", señaló el funcionario.

Lo cierto es que esos dictámenes se firmaron en una reunión de la comisión de Presupuesto autoconvocada por Unión por la Patria, porque su presidente, el oficialista Ezequiel Atauche, se negaba a citarla. Lograron quórum con el radical Martín Lousteau y con Guadalupe Tagliaferri, del sector larretista del PRO.

La moratoria previsional también se convirtió en ley

En segunda instancia, también se sancionó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

El proyecto había sido impulsado en la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, que sorpresivamente consiguió aprobar el mes pasado el dictamen de mayoría con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones.

Sin embargo, ambas votaciones resultaron a favor, pero quedaron lejos de los dos tercios que le garantizarían sortear el veto de Javier Milei.

El oficialismo rechazó desde el primer momento la propuesta de la oposición, al poner énfasis en el costo fiscal que tendrían estas medidas, además de la emergencia en discapacidad, otro de los temas de la jornada. Según Martín Menem, los proyectos implicarían 12 mil millones de dólares, lo que significa 1,8% del PBI.

Pero, además, antes de la aprobación del proyecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que, al igual que el año pasado, cualquier ley que en consideración del Gobierno apunte a “romper el equilibrio fiscal” será vetada.